Decenas de miles de víctimas

     De acuerdo con las cifras recogidas en el texto de referencia, más de 73.000 palestinos habrían muerto y al menos 173.000 habrían resultado heridos desde el comienzo de la guerra. Una parte importante de los supervivientes afronta lesiones permanentes, entre ellas amputaciones, quemaduras y traumatismos craneales.

     Las víctimas son mayoritariamente civiles y entre ellas existe una elevada proporción de mujeres y menores. También han muerto trabajadores sanitarios, miembros de organizaciones humanitarias, empleados de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo —UNRWA—, integrantes de la Media Luna Roja, rescatistas y periodistas.

El balance real podría ser considerablemente mayor debido a la existencia de personas desaparecidas y cadáveres que continuarían bajo los escombros.

Desplazamiento masivo y destrucción de viviendas

     Alrededor de 1,9 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares, en muchos casos más de una vez. La destrucción de decenas de miles de viviendas y las sucesivas órdenes de evacuación han dejado a buena parte de la población sin un lugar seguro en el que refugiarse.

Organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos consideran que este desplazamiento masivo podría formar parte de una política de expulsión permanente de la población palestina. Algunas entidades han calificado estos hechos como limpieza étnica.

El sistema sanitario, al límite

     La infraestructura sanitaria de Gaza ha sufrido daños generalizados. Hospitales, centros médicos, ambulancias y equipos de emergencia han sido atacados o han tenido que suspender su actividad por falta de electricidad, combustible, medicamentos y material quirúrgico.

     En agosto de 2024, solo 17 de los 36 hospitales de la Franja permanecían parcialmente operativos, según los datos incluidos en el documento de referencia. Además, el 84 % de los centros de salud habría sufrido daños o habría quedado completamente destruido.

La muerte de numerosos profesionales sanitarios y las dificultades para introducir suministros médicos han reducido drásticamente la capacidad para atender a los heridos, a los enfermos crónicos, a las mujeres embarazadas y a los menores.

Hambre y falta de servicios básicos

     Las restricciones a la entrada de alimentos, agua, combustible y ayuda humanitaria han agravado la situación de la población. Naciones Unidas y diferentes organizaciones han alertado reiteradamente sobre el riesgo de hambruna y sobre el aumento de la desnutrición, especialmente entre los niños.

     El suministro de agua y electricidad fue interrumpido al inicio de la ofensiva. A ello se suma la destrucción de pozos, plantas desalinizadoras y sistemas de tratamiento de aguas residuales. La falta de agua potable y saneamiento favorece la propagación de enfermedades en campamentos y refugios superpoblados.

También se han registrado ataques contra personas que esperaban recibir alimentos y contra trabajadores encargados de distribuir la ayuda. Estas circunstancias han dificultado que los suministros lleguen de forma segura y regular a la población civil.

Escuelas, universidades y patrimonio cultural

     La devastación se extiende más allá de las viviendas y los hospitales. Según las cifras aportadas, las doce universidades de Gaza y aproximadamente el 80 % de sus escuelas han sufrido daños o han sido destruidas.

Bibliotecas, mezquitas, iglesias, museos y otros edificios de importancia histórica y cultural también han resultado afectados. La destrucción de estos espacios compromete no solo el presente de la población, sino también su educación, su memoria colectiva y sus posibilidades de recuperación futura.

La acusación de genocidio

     La Convención de las Naciones Unidas de 1948 define el genocidio como determinados actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

     Quienes sostienen que se está produciendo un genocidio en Gaza señalan la magnitud de las muertes, las condiciones de vida impuestas a la población, el bloqueo de suministros esenciales, la destrucción sistemática de infraestructuras y determinadas declaraciones realizadas por responsables israelíes.

     La Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados concluyó, según el texto facilitado, que se habían cometido actos constitutivos de genocidio. Organizaciones como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras, Human Rights Watch, Oxfam y la organización israelí B’Tselem también han formulado graves acusaciones contra la actuación de Israel.

     Varios gobiernos, entre ellos los de España, Sudáfrica, Brasil, Colombia y Turquía, han empleado igualmente el término genocidio para referirse a lo sucedido en Gaza.

Israel niega estas acusaciones y afirma que ejerce su derecho a defenderse tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023. El Gobierno israelí sostiene que trata de evitar daños a los civiles y acusa a Hamás de operar desde zonas densamente pobladas y utilizar infraestructuras civiles con fines militares.

Los procedimientos internacionales

     Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia un procedimiento contra Israel por una posible vulneración de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

     En sus decisiones provisionales, la Corte reconoció el derecho plausible de los palestinos de Gaza a ser protegidos frente a actos de genocidio y consideró que existía riesgo de daños irreparables. El tribunal ordenó a Israel adoptar medidas para impedir los actos incluidos en la Convención, prevenir y castigar la incitación y facilitar la entrada de ayuda humanitaria.

     La cuestión deberá resolverse cuando concluya el procedimiento judicial. Por otra parte, la Corte Penal Internacional emitió en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Las órdenes de arresto tampoco equivalen a una condena, sino que forman parte de un procedimiento penal internacional.

Una población atrapada en una emergencia permanente

     Más allá del debate jurídico, Gaza afronta una catástrofe humana de enormes proporciones. La pérdida de vidas, el hambre, el desplazamiento, la destrucción del sistema sanitario y la desaparición de viviendas, escuelas y servicios básicos han dejado a la población en una situación extrema.

     Determinar todas las responsabilidades corresponderá a los tribunales internacionales. Mientras tanto, las organizaciones humanitarias reclaman un alto el fuego, la liberación de los rehenes, la protección efectiva de la población civil y la entrada segura y continuada de ayuda.

La reconstrucción material de Gaza necesitará años. La recuperación de quienes han perdido a sus familias, sus hogares y sus medios de vida será todavía más difícil.