El profesor Víctor Lapuente Giné, de la Universidad de Gotemburgo, advierte que la oleada de escándalos en España no sorprende a los expertos en corrupción comparada. Frente a quienes culpan a la "cultura mediterránea" o a una "falta de regulación", el investigador sostiene que la verdadera causa es la excesiva politización de la administración pública.

Mientras que en una ciudad europea media solo dos o tres personas dependen de la victoria electoral para mantener su puesto, en una ciudad española pueden ser cientos los altos cargos, asesores y directivos de fundaciones públicas designados discrecionalmente por el partido ganador. Esto genera tres problemas:

1. Incentivos a la corrupción: los empleados con horizonte laboral incierto son más proclives a aceptar sobornos.

2. Falta de control interno: toda la cadena de decisión está en manos de personas con el mismo objetivo (ganar elecciones), lo que facilita la tolerancia a actos ilícitos.

3. Mayor tentación de financiación ilegal: al haber mucho en juego electoralmente, aumenta el riesgo de trato de favor a cambio de dinero para los partidos.

El artículo señala que ni el sistema de funcionarios inamovibles ni la hiperregulación son soluciones eficaces. De hecho, los países menos corruptos del mundo (Suecia y Nueva Zelanda) eliminaron hace años el estatus funcionarial para la mayoría de sus empleados públicos y optaron por una gestión laboral flexible basada en el mérito y el rendimiento.

Como ejemplo de reforma exitosa, se cita el modelo city-manager adoptado en ciudades de EE. UU. a principios del siglo XX: un directivo profesional, nombrado por mayoría cualificada y con mandato desligado del ciclo electoral, asume la gestión ejecutiva, mientras los cargos electos conservan la potestad legislativa. Esto ata las manos al partido ganador y reduce la politización.

Lapuente concluye que el debate público en España está atrapado entre dos posiciones indeseables: los partidos que fomentan la politización (aprovechando la rigidez administrativa) y los funcionarios que defienden la inamovilidad sin incentivos de rendimiento. El reto, inspirado en la experiencia histórica de EE. UU., es movilizar a la ciudadanía y a los agentes económicos para que exijan instituciones que desvinculen la continuidad en el empleo público de la lealtad política.

Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).