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No se afirma que exista un único modelo neoliberal ni que todas las políticas actuales respondan a él. España combina mercado privado, regulación, ayudas, vivienda protegida, intervención autonómica y municipal y un parque público reducido. El objetivo de este escenario es preguntar qué podría ocurrir si el peso relativo del mercado siguiera siendo dominante y la oferta asequible no creciera suficientemente.

El punto de partida: una vivienda cada vez más difícil de pagar

La OCDE señala que la demanda residencial española no está siendo acompañada por suficiente oferta: entre 2022 y 2024 se concedieron aproximadamente 345.000 permisos de construcción frente a una creación neta de unos 604.000 hogares. También recoge una estimación de un déficit de alrededor de 600.000 viviendas durante 2022–2025. El mercado del alquiler está especialmente tensionado y, según la OCDE, los alquileres han crecido más rápidamente que los ingresos de muchos hogares de renta baja.

La vivienda como residencia y como activo

Dentro de este escenario, una vivienda puede ser simultáneamente el hogar de una familia y un activo del que propietarios particulares, empresas o inversores esperan obtener una rentabilidad. Estas funciones no tienen por qué ser incompatibles, pero pueden entrar en conflicto cuando la oferta es escasa y la capacidad de pago de quienes buscan vivienda para residir crece más lentamente que el precio que otros participantes están dispuestos a pagar.

La presencia de inversión profesional no demuestra por sí misma que exista poder de mercado ni que sea la causa de los precios elevados. Para determinarlo habría que medir, territorio por territorio, qué proporción de vivienda poseen grandes propietarios, empresas, fondos y particulares, qué parte de las compras corresponde a vivienda existente y qué parte financia nueva construcción.